El Consejo Europeo ha adoptado un trío de medidas legislativas destinadas a reformar la estructura de gobernanza económica y fiscal de la Unión Europea (UE). El objetivo principal de estas reformas es garantizar la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas en todos los estados miembros y, al mismo tiempo, fomentar un crecimiento que sea sostenible e inclusivo a través de inversiones y reformas específicas.
Este conjunto integral de nuevas regulaciones representa una mejora significativa del marco existente, estableciendo directrices claras y ejecutables aplicables a todas las naciones de la UE. Las reformas están diseñadas para mantener unas finanzas públicas equilibradas y sostenibles, con un mayor énfasis en reformas estructurales e inversiones para estimular el crecimiento y las oportunidades de empleo en toda la UE.
Vincent Van Peteghem, Viceprimer Ministro y Ministro de Finanzas de Bélgica, subrayó que el objetivo general de las reformas es reducir de manera metódica y realista los niveles de deuda y los déficits, salvaguardando al mismo tiempo inversiones críticas en sectores clave como la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la defensa. Además, el marco revisado pretende permitir políticas anticíclicas y al mismo tiempo abordar los desequilibrios macroeconómicos prevalecientes.
Según las reglas recientemente adoptadas, cada estado miembro deberá redactar un plan estructural fiscal nacional a mediano plazo que abarque entre 4 y 5 años, dependiendo de la duración de sus respectivos mandatos legislativos. Estos planes describirán una trayectoria plurianual para el gasto público y detallarán cómo cada país pretende implementar reformas e inversiones alineadas con las prioridades identificadas en el Semestre Europeo, particularmente en respuesta a recomendaciones específicas de cada país.
Para facilitar este proceso, la Comisión Europea proporcionará a los estados miembros una ‘trayectoria de referencia’ para la evolución del gasto neto, adaptada para abordar los desafíos de sostenibilidad únicos de cada país. Esta trayectoria guiará a los Estados miembros a la hora de garantizar que su deuda pública disminuya o se mantenga en niveles prudentes a medio plazo.
Además, las reformas incluyen disposiciones para dos salvaguardias: una salvaguardia de sostenibilidad de la deuda destinada a lograr una reducción mínima de los niveles de deuda pública, y una salvaguardia de resiliencia del déficit para mantener un margen de seguridad por debajo del umbral del 3 por ciento del PIB estipulado en el Tratado de Estabilidad y Coordinación. y Gobernanza.
Además, las reformas introducen medidas para incentivar reformas estructurales e inversiones públicas conducentes a la sostenibilidad y el crecimiento. Los Estados miembros pueden solicitar una extensión de sus planes fiscales por hasta siete años, siempre que se comprometan con un conjunto definido de reformas e inversiones que refuercen la resiliencia, mejoren el potencial de crecimiento y aborden las prioridades de toda la UE.
Además, las reformas renuevan el procedimiento de déficit excesivo, incorporando un enfoque basado en la deuda junto con los criterios existentes basados en el déficit. La Comisión pondrá en marcha un procedimiento de déficit excesivo basado en la deuda cuando la deuda pública de un Estado miembro supere el valor de referencia y la situación presupuestaria no esté en equilibrio o superávit, con desviaciones que superen los umbrales especificados.
Para garantizar el cumplimiento, los Estados miembros que no cumplan con las medidas correctivas prescritas pueden enfrentar multas de hasta el 0,05 por ciento del PIB, que se acumulan cada seis meses hasta que se tomen medidas correctivas. Además, las reformas aclaran el funcionamiento de las cláusulas de escape generales y específicas de cada país, proporcionando un marco más preciso para circunstancias excepcionales.